El Govern balear pide al Estado que frene el reparto de menores migrantes a las islas

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández, ha enviado una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitando que se detenga de forma inmediata el traslado a Baleares de menores migrantes no acompañados llegados a las Islas Canarias. La petición llega en un contexto de saturación crítica de los servicios insulares, que actualmente atienden a 682 menores, una cifra cuatro veces superior a la de 2022.

En la misiva, Fernández advierte de que esta situación “compromete seriamente la viabilidad de nuestro sistema de protección y pone en riesgo otros servicios sociales esenciales”. Añade que el incremento de menores y la consecuente sobreocupación de los recursos –que cifra en un 1.000 %– repercute directamente en la calidad de la atención que reciben estos niños y adolescentes.

La consellera subraya que esta “tensión extrema” ha obligado a la administración a multiplicar los recursos humanos, económicos y residenciales disponibles.

Llegadas constantes y una ruta migratoria consolidada

Según señala Fernández, en marzo las Islas Baleares ya acogían a 226 menores más de los que les correspondían, de acuerdo con datos del propio Ministerio. A esto se suma que la llegada de personas migrantes no ha cesado: más de 4.700 han alcanzado las costas del archipiélago en lo que va de año a bordo de embarcaciones, el doble que en el mismo periodo de 2024.

La consellera expresa su preocupación por la decisión unilateral del Estado de asignar nuevos menores a Baleares sin valorar su situación de sobreocupación ni ofrecer una financiación estable y suficiente. Según afirma, esta política perjudica tanto a los menores ya acogidos como al conjunto del sistema de servicios sociales.

Críticas al reparto y defensa de la legalidad

En la carta, Fernández recuerda los recursos presentados por el Govern contra el reparto de menores, alegando que vulnera la legalidad, el consenso y el principio de igualdad territorial. Critica además que las asignaciones se realicen siguiendo criterios “poco transparentes y en algunos casos arbitrarios”, ignorando la opinión de los gobiernos autonómicos.

Finalmente, la consellera asegura que el Ejecutivo balear agotará todas las vías legales para garantizar los derechos de los menores ya acogidos y defender la sostenibilidad del sistema. Aunque reitera la voluntad del Govern de seguir siendo una comunidad solidaria, advierte que “esta solidaridad no puede ejercerse a costa de poner en riesgo el interés superior de los menores que ya atendemos ni de desbordar un sistema que ha alcanzado su límite”.