La patronal PIMEM ha reclamado este martes al Govern la tramitación por la vía de urgencia de un decreto ley con medidas complementarias a las del Gobierno central para paliar el impacto del encarecimiento del combustible derivado del conflicto bélico de Irán.
Desde la organización consideran insuficiente la propuesta estatal y, ante el malestar expresado por transportistas y el sector primario, instan al ejecutivo autonómico de Marga Prohens a activar un paquete de ayudas urgente que permita contener los efectos económicos de la situación internacional.
PIMEM advierte de que la urgencia de las medidas descarta la tramitación parlamentaria ordinaria, ya que supondría una demora de aproximadamente dos meses, un plazo que califican de “inasumible” para sectores como el primario, los autónomos o el transporte.
Medidas económicas y fiscales para los sectores afectados
Tras consultar con las sectoriales más afectadas, la patronal propone que el decreto incluya medidas de protección social, estímulo económico y control sectorial. Entre ellas, plantea bonos o subvenciones temporales para autónomos y pymes que compensen el aumento de los costes energéticos.
Asimismo, propone la reducción temporal de impuestos indirectos sobre productos básicos como carburantes, electricidad, gas o alimentos esenciales, así como la implementación de cheques de transporte o descuentos en movilidad.
El presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha señalado que también sería necesario explorar subvenciones o deducciones fiscales dirigidas a empresas que transportan o producen bienes esenciales, con el fin de amortiguar los costes de importación y transporte.
Apoyo estructural y medidas a largo plazo
En línea con el posicionamiento de Unió de Pagesos, la patronal defiende la necesidad de un apoyo estructural y permanente a la producción local de alimentos, así como un impulso sostenido a las energías renovables para reducir la dependencia de mercados internacionales.
Finalmente, PIMEM propone la creación de un fondo de contingencia regional que permita hacer frente a futuras subidas de precios derivadas de conflictos internacionales, junto con campañas de información para explicar a la ciudadanía el origen de los incrementos y las medidas adoptadas.
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