La consellera Sandra Fernández sostiene que la aportación estatal prevista para 2026 seguirá siendo insuficiente en Baleares.
El Govern también condiciona su apoyo a la reforma legal a que incluya una memoria económica.
La aportación estatal cubriría el 34,47 % del coste del sistema en 2026, según los datos trasladados en el Consejo Territorial
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha participado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde ha defendido la posición del Govern de les Illes Balears sobre la financiación del sistema.
Durante la reunión, Fernández trasladó que las cifras conocidas para Baleares confirman que el incremento previsto en el real decreto ley aprobado por el Govern d’Espanya continúa siendo insuficiente para corregir la infrafinanciación que soporta la comunidad autónoma. Según los datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales, incluso con el aumento anunciado, la aportación estatal alcanzaría el 34,47 % del coste del sistema de dependencia en Baleares y estaría garantizada únicamente para el ejercicio 2026.
Reclamación de mayor aportación estatal
La consellera señaló que las cifras evidencian que todavía queda recorrido para lograr una financiación suficiente del sistema y que el esfuerzo económico continúa recayendo mayoritariamente sobre las comunidades autónomas. En este sentido, reclamó que el Estado asuma la parte de financiación que le corresponde y abone la deuda acumulada.
También recordó que el País Vasco tiene asegurada una financiación del 50 % del coste certificado de la dependencia, y afirmó que los ciudadanos de Baleares no quieren ser más que nadie, pero tampoco menos.
Reforma de la Ley de Dependencia
El Consejo Territorial abordó asimismo el proyecto de ley que modifica la Ley de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. En este punto, Fernández defendió que el Govern de les Illes Balears no puede apoyar una reforma de este alcance si no va acompañada de una memoria económica que permita conocer su impacto real y garantice una financiación necesaria y estable para asumir las nuevas obligaciones.
Según expuso, las comunidades autónomas son las encargadas de prestar los servicios y necesitan conocer con claridad el impacto económico de cualquier modificación normativa antes de asumir nuevas responsabilidades.
Datos del sistema en Baleares
Fernández destacó el esfuerzo realizado por el Ejecutivo autonómico desde el inicio de la legislatura para reforzar el sistema de dependencia. En este periodo, el presupuesto destinado a esta materia se ha incrementado un 31,7 %, las prestaciones reconocidas han aumentado un 35,9 %, la lista de espera para la valoración se ha reducido un 15 % y el tiempo medio de resolución se sitúa por debajo de la media nacional.
La consellera insistió en que Baleares seguirá reclamando una financiación suficiente para la dependencia y que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de los recursos necesarios para garantizar su aplicación efectiva.
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