El juicio por el ‘caso Cursach’ comienza este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares, a partir de las 09.45 horas, con un total de 23 procesados y una rebaja de peticiones de penas de cárcel para los principales encausados, el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert.
La vista oral del proceso judicial está señalada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial hasta abril de 2023. Durante aproximadamente diez meses, se juzgará a cinco miembros del Grupo Cursach, cuatro funcionarios y 14 agentes de la Policía Local de Palma.
Las acusaciones particulares personadas en el caso mantienen su petición de condenas, pero el Ministerio Fiscal presentó, hace apenas dos semanas, un nuevo escrito en el que retira la acusación contra ocho personas, una de ellas fallecida durante la fase de instrucción judicial.
Además, la Fiscalía reduce su petición de pena de cárcel para Cursach a un año y medio después de no atribuirle un delito de cohecho activo continuado y de coacciones. Inicialmente, la Fiscalía pedía ocho años y medio de cárcel. Cabe recordar que el empresario de ocio nocturno estuvo en prisión provisional por esta causa 14 meses, entre febrero de 2017 y abril de 2018.
En cuanto al ‘número 2’ de Cursach, otro de los principales acusados en este caso, la Fiscalía también rebaja su petición de pena de cárcel a tres años y medio después de eliminar el delito de cohecho activo.
Igualmente reduce la solicitud de cárcel para el subinspector Bartolomé Capó (15 meses), los oficiales de la Patrulla Verde Gabriel Torres (tres años y medio), Feliciano Franco (dos años), el policía Rafael Amengual (dos años), el subinspector Carlos Tomás (casi seis años) y el agente Daniel Montesinos (seis años y nueve meses).
El nuevo escrito firmado por los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz atribuye delitos de pertenencia a grupo criminal a Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Antonio Bergas, Bartolomé Capó y Gabriel Torres.
A los demás acusados, concluye que sus hechos son constitutivos de delitos como, por ejemplo, prevaricación administrativa, cohecho pasivo, activo, abuso de función pública por solicitud sexual, salud pública y revelación de secretos, entre otros.
Estas nuevas conclusiones prescinden de más de 20 folios del relato firmado por el propio Carrau y el fiscal Miguel Ángel Subirán –que irá a juicio por la instrucción principalmente del ‘caso ORA’– a finales de 2018, cuyo eje principal era el delito de cohecho al considerar que los acusados del grupo Cursach “dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar u obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas que podían afectar la marcha de los negocios de ocio del grupo”.
Con todo, los fiscales tachan sobre el anterior escrito cualquier referencia de favorecer al entramado empresarial de Cursach y describe las actuaciones y decisiones “arbitrarias e injustificadas” de los responsables de la Policía Local de la Patrulla Verde y agentes que se dedicaron durante años inspeccionar locales para generar “perjuicios económicos a diversos empresarios”.
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