Un cuidador acusado de abusos sexuales a dos usuarias de una residencia de personas con discapacidad ha negado haber realizado fotos y vídeos de contenido sexual y haber abusado de ellas al tiempo que ha añadido que una de las víctimas estaba “obsesionada” con él.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebra este lunes y martes el juicio contra el cuidador que ha asegurado, respondiendo únicamente a las preguntas de su defensa, que era la víctima la que le enviaba las fotos y los vídeos. “Me enviaba fotos desnuda, que yo borraba, y me llamaba sin parar”, ha dicho. El procesado ha negado de este modo ser el autor de fotos y vídeos de contenido sexual.
En relación a una segunda víctima, a quien supuestamente habría tocado los pechos, ha afirmado que una noche sólo la despertó para que se tomara una medicación.
El acusado ha explicado que en el registro diario del centro en el que trabajaba dejó en dos ocasiones aviso del trastorno de conducta de la primera víctima, sus tendencias “nomofóbicas” y de la “obsesión” que estaba cogiendo.
Sin embargo, ha añadido, sólo tuvo conocimiento de la denuncia cuando fueron a detenerle. En este punto, ha lamentado que la dirección del centro no le hiciera constar que se había presentado la denuncia.
En este sentido, la directiva que interpuso la denuncia, en su declaración como testigo, ha explicado que conoció los hechos porque las compañeras “pensaban que podía estar pasando algo delicado”.
Según la testigo, los mensajes y las imágenes daban a entender una “relación diferente a la de un cuidador y una usuaria”, aunque ha matizado que se refería a ellas según lo que le transmitían las compañeras y que ella no vio las supuestas imágenes, porque la víctima “siempre las borraba”.
Otros testigos, compañeros del procesado, que pusieron los hechos en conocimiento de la dirección han explicado que vieron comportamientos “inadecuados”, así como conversaciones de Whatsapp constantes de la víctima con el procesado. Los testigos han explicado que las conversaciones y las imágenes eran borradas inmediatamente por lo que han afirmado que no vieron las imágenes.
Según el escrito del fiscal, durante el año 2018 el hombre estuvo trabajando para la entidad Patronato de la Agrupación Pro-minusválidos psíquicos como cuidador en la residencia, en la que vivían ocho personas con discapacidad.
Los monitores se distribuían en diferentes turnos de mañana, tarde o noche, quedando un único monitor en la mitad del turno de tarde, en el turno de noche y en los turnos de fin de semana.
Durante el periodo mencionado, las dos víctimas, con una capacidad mental reconocida del 72 y 65 por ciento, residían en la mencionada residencia durante toda la primera semana y de lunes a viernes de la segunda.
El procesado, según el escrito de Fiscalía, aprovechando las veces que estaba en turno como único monitor y la patología mental que padecía la primera víctima, le realizó tocamientos en el pecho y genitales, e hizo que le realizara tocamientos a sí mismo.
Además, el fiscal sostiene, respecto de la segunda perjudicada, que el hombre contactaba con ella por Whatsapp y le pedía fotografías y vídeos desnuda o de contenido sexual. El acusado también le mandaba fotografías y vídeos de él masturbándose.
Igualmente, aprovechando los momentos en los que estaba solo trabajando, realizó fotos y vídeos a la víctima cuando estaba en la ducha o, bajo el pretexto de ayudarla con su higiene, cuando iba al baño. En otro momento se acercó a ella mientras dormía y le tocó los pechos, hasta que la mujer despertó y le dijo que parara.
El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, otro de elaboración de material pornográfico utilizando a personas discapacitadas, uno de exhibicionismo ante personas discapacitadas y un delito de abuso sexual.
Por todo ello, pide penas que suman hasta 20 años y tres meses de prisión, así como la medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años, la inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto con personas con discapacidad durante seis años y órdenes de alejamiento durante 20 años.
Fiscalía solicita asimismo que indemnice a una de las víctimas en la cantidad de 20.000 euros y a la otra con 2.000 euros por el menoscabo moral sufrido.
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