Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, a través de dos empresas pantallas, una de ellas ficticia, que facilitarían trabajadores mediante subcontratas a otras mercantiles en Inca y Palma, encontrándose hasta ocho trabajadores en situación irregular.
Según ha informado la Policía este martes en una nota de prensa, la operación se inició como consecuencia del conocimiento de la Ucrif de una posible explotación laboral a la que estarían siendo sometidos ciudadanos de origen sudamericano en el sector de la limpieza.
Los agentes averiguaron que las condiciones laborales consistían en jornadas de hasta diez horas de trabajo, de lunes a sábado, incluyendo algunos domingos, recibiendo siempre la misma remuneración, 6,25 euros, indistintamente fuera laborable, domingo o festivo y sin más cobertura social.
Por gestiones practicadas en varias empresas y a través de vigilancias e inspecciones, los agentes identificaron a diez trabajadores, ocho de ellos ciudadanos de origen sudamericano en situación administrativa irregular en territorio nacional.
Los investigadores pudieron comprobar que las mercantiles que habían subcontratado la empresa y que en todo momento habían actuado con buena fe, contaban con la documentación de los trabajadores que les había entregado el responsable de la empresa pantalla.
Una vez examinada la documentación se pudo comprobar que ocho de los documentos atribuidos a los trabajadores eran ficticios o bien falsos. Las altas en el sistema general de la seguridad social eran también falsas.
De igual modo, los agentes de la UCRIF averiguaron que una de las empresas subrogadas no contaba con empleados, siendo el titular quien únicamente figuraba dado de alta como autónomo, sin personal a su cargo.
Los agentes también comprobaron que los investigados contaban con otra empresa que sería una empresa ficticia a nombre de uno de ellos, vinculando a ambos en la trama.
Como consecuencia de la investigación, los agentes determinaron que los dos investigados utilizarían dos empresas para emplear, fuera de los cauces legales, a inmigrantes irregulares en condiciones precarias. Para ello habrían falsificado documentación que acreditaba la situación de alta en el régimen general de la seguridad social y la residencia legal en España.
Por todo ello, los policías procedieron a la detención de los investigados cómo presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, acreditando un total de ocho trabajadores en situación administrativa irregular y dos en situación regular, ninguno de ellos de alta en la seguridad social.
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