La Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) – ha expresado su respaldo al decreto para desbloquear suelo en Palma, al que considerarlo un “punto de inflexión” para abordar la crisis habitacional en las Islas.
El texto, aprobado el pasado 14 de marzo, tiene como objetivo facilitar la obtención de suelo y promover proyectos residenciales estratégicos, especialmente en el municipio de Palma.
Durante una reunión mantenida este miércoles, el sector ha dado a conocer las enmiendas técnicas que han presentado al proyecto de ley en trámite, con el propósito de agilizar la construcción de viviendas a precios asequibles en un horizonte de entre tres y cuatro años, según han indicado en un comunicado.
Entre dichas propuestas se incluye la eliminación del umbral mínimo de 100 viviendas por municipio en caso de ampliarse el alcance del decreto a otros territorios, así como la limitación temporal a 30 años de la calificación de las viviendas a precio protegido, en línea con la normativa de las Viviendas de Protección Oficial (VPO).
Los representantes de la confederación han insistido en la necesidad de que la nueva normativa cuente con el “máximo consenso posible” y quede al margen del debate político, con el fin de garantizar la estabilidad necesaria para que las inversiones previstas puedan ejecutarse con independencia del quién gobierne.
Desde la Comisión se valora positivamente el potencial del decreto para facilitar la construcción de hasta 10.000 viviendas en Palma, de las cuales más de la mitad estarían destinadas a precios limitados.
En caso de que se agilicen los trámites administrativos, dichas viviendas podrían estar disponibles en un plazo de entre tres y cuatro años para la clase media trabajadora residente en Baleares.
Asimismo, han destacado que el nuevo marco permitirá a la Administración triplicar la capacidad de promoción de VPO en la capital balear.
En el mismo comunicado, han solicitado también seguridad jurídica, estabilidad normativa y una mayor eficiencia en la tramitación administrativa porque el sector de la construcción viene reclamando desde hace años una actuación decidida para mejorar el acceso a la vivienda en el archipiélago.
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