Aena, o cuando el interés nacional queda en tierra

La gestión actual de Aena representa una peligrosa deriva que está alejando a nuestras infraestructuras estratégicas del interés nacional. Lo que debería ser una red pública al servicio de todos los españoles ha sido convertido en un mecanismo de beneficio empresarial, donde prima el interés de los accionistas sobre el bienestar del ciudadano, la seguridad de los trabajadores y el desarrollo territorial equilibrado.

El reciente derrumbe de una zona del aeropuerto de Palma no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de externalización salvaje y desprecio por el control interno. Aena ha delegado funciones críticas en subcontratas, perdiendo la capacidad de supervisión directa. ¿Por qué? Por ahorrar costes. Porque para quienes dirigen esta empresa pública, el balance financiero vale más que la seguridad de trabajadores y pasajeros.

A esta negligencia estructural se suma la conversión de los aeropuertos en centros comerciales. En vez de pensar en el usuario como ciudadano que necesita eficiencia y comodidad, se le trata como consumidor forzado, obligado a pasar por rutas llenas de tiendas, con servicios básicos relegados a un segundo plano y obras interminables que solo aumentan la confusión. El objetivo es uno: maximizar ingresos por metro cuadrado, aunque sea a costa del sentido común.

Pero lo más indignante es la subida de tarifas aeroportuarias anunciada para 2026. Aena, que ya obtiene beneficios multimillonarios, impone un nuevo sablazo a los ciudadanos que utilizan el transporte aéreo, afectando directamente al bolsillo de las familias y encareciendo los vuelos, especialmente los de quienes viven en territorios insulares o periféricos. Todo para seguir alimentando una maquinaria de beneficios que no revierte ni en mejoras reales ni en mayor equidad territorial.

Desde Vox denunciamos sin ambigüedades este modelo fallido, tecnocrático y profundamente antiespañol. Es hora de poner fin a esta deriva y recuperar el control de nuestras infraestructuras. No a través de declaraciones vacías, sino con acciones concretas e inmediatas que devuelvan a los aeropuertos su función pública.

Primero, es necesaria una auditoría integral de Aena. Debemos revisar hasta el último contrato de externalización, fiscalizar las obras ejecutadas, y comprobar en qué se está gastando el dinero que debería ir destinado a mejorar el servicio al ciudadano. No podemos permitir que los aeropuertos sigan siendo opacos y controlados por una cúpula empresarial alejada de los intereses reales de España.

En segundo lugar, urge revertir la privatización progresiva del ente. La red aeroportuaria debe ser gestionada directamente por el Estado, sin interferencias de fondos extranjeros ni consejos de administración que responden únicamente a dividendos. Solo desde una dirección nacional, profesional y patriótica se puede garantizar una infraestructura al servicio del país.

En tercer lugar, hay que congelar y, en los casos más graves, reducir las tarifas aeroportuarias. Viajar no puede seguir siendo un lujo. Las familias deben poder desplazarse por el país sin ser castigadas económicamente. Apostamos por tarifas accesibles y justas, especialmente para residentes en islas y zonas rurales.

Cuarto: poner fin a la externalización indiscriminada. El personal aeroportuario debe ser estable, cualificado y contratado directamente por Aena. Solo así se garantiza calidad, responsabilidad y continuidad en el servicio. Basta de subcontratas que degradan las condiciones laborales y comprometen la seguridad.

Y, por último, urge acabar con el modelo de aeropuerto comercializado. Queremos terminales funcionales, con recorridos directos, espacios limpios, accesos lógicos y servicios bien dimensionados. No queremos más trampas visuales ni circuitos de consumo forzado.

España necesita aeropuertos que conecten territorios, que potencien la economía real y que sirvan a sus ciudadanos, no al capital financiero global. Desde Vox lo decimos alto y claro: nuestras infraestructuras no están en venta. Exigimos respeto, control y servicio público. Porque mientras Aena siga volando al ritmo del negocio, el interés nacional quedará en tierra.