La quinta sesión del juicio del caso Cursach ha continuado este lunes con la exposición de las cuestiones previas de las defensas, algunas de las cuales han pedido la nulidad de actuaciones y han sostenido que los delitos de sus respectivos representados han prescrito.

En este sentido, el abogado Adrián Buades, defensor del oficial de la unidad de la Patrulla Verde de la Policía Local Feliciano Franco, ha considerado que se vulneraron los derechos de su representado de forma “fragante” y que el delito imputado, el de coacciones, ha prescrito.

Así, Buades ha manifestado que “se ha producido una indefensión” hacia su representado. Además, ha pedido que se retire una de las pruebas de la causa, un vídeo de una conversación grabada en el Templo del Faraón, al creer que es ilícita.

En este punto, ha recordado que toda persona debe ser informada por escrito de los hechos que motivaron su detención, pero el acusado no tuvo conocimiento de los mismos hasta el primer escrito. “Ni en el día de su detención, ni de su declaración, se le informó por escrito”, ha señalado.

Por otro lado, ha asegurado que las actuaciones de su representado estaban ajustadas a derecho y obedecían a denuncias ciudadanas que se ocultaron en la causa, así como a actas de reuniones interdepartamentales, “también ocultadas”.

En su intervención, Buades ha sostenido que el vídeo grabado en el Templo del Faraón supone una prueba ilícita, porque en él no se menciona a Franco en la conversación y las grabaciones se hicieron sin saberlo, “sin conocimiento ni consentimiento”, ha sostenido.

Por tanto, ha manifestado que la situación de su defendido es “absolutamente injusta, porque estuvo preso sin saber por qué y luego tuvo que comparecer cada semana en el juzgado”. Además, se produjo “ocultación de todas las pruebas y nefastas consecuencias para la libertad” de Franco.

Por su parte, el fiscal Juan Carrau ha considerado que el acusado sí conocía los hechos imputados, haciendo referencia a una declaración “en la que consta que fue informado”.

Asimismo, en relación a la prescripción del delito, ha recordado que, cuando hay delitos conectados a otros más graves en una causa, el plazo de prescripción debe ser el de los más graves.

Por último, en cuanto a la nulidad del vídeo, ha sostenido que se trata de una grabación hecha por las cámaras instaladas en el local en las que aparecen una serie de exigencias o hechos que pueden ser delictivos, según ha considerado.

OTRAS CUESTIONES PREVIAS

El abogado Javier Fernández, en representación de otro policía local imputado en la causa, ha pedido la nulidad de actuaciones y ha indicado también que el delito que se imputa a su representado ha prescrito.

Del mismo modo se ha referido el letrado David Salvá a la situación de uno de sus defendidos, el policía local Felipe Florit, aseverando que el delito de coacciones del que se le acusa ha prescrito de forma “evidente”.

En cuanto a su otro defendido, el funcionario del Ayuntamiento de Calvià Jaime Nadal, a quien el Ministerio Fiscal retiró la acusación en su último escrito, Salvá ha argumentado que se vulneró su derecho de debido proceso y que la acusación particular le procesa adhiriéndose al primer escrito de acusación del fiscal –el último retira la acusación contra Nadal–.

“Estamos convencidos de que el señor Nadal va a quedar fuera del procedimiento”, ha dicho.

La defensa Gerard Palmer, que representa al comisario de Policía Local de Palma Rafael Estarellas, ha señalado por su parte que se vulneró su derecho de garantías y ha apuntado a la inexistencia de un juez imparcial.

Así, ha alegado que tras la declaración de su representado “se acercaron Penalva y Subirán diciéndole que si declaraba en contra, le sobreseerían la causa”. En este sentido, ha solicitado la nulidad de actuaciones y su absolución.

En su turno, el letrado José Manuel Domingo, que defiende al oficial del GAP de la Policía Local de Palma Carlos Vallecillo, ha señalado que desconocen el hecho del que se está hablando y a quién perjudica. “No entendemos dónde está la coacción y, por tanto, dónde está el delito”, ha continuado.

Asimismo, ha sostenido que “nunca se dirigió el procedimiento contra él” y ha ironizado con que, en vez de una fase de instrucción, estuvieron “ante una fase de destrucción de la presunción de inocencia”. Entre sus cuestiones previas, ha hecho también referencia a la existencia de un juez imparcial.

La siguiente letrada en exponer sus cuestiones este lunes ha sido Rosario Molina, quien defiende al subinspector del GAP de la Policía Local de Palma Carlos Tomás, para el que ha pedido la nulidad del procedimiento.

Durante su intervención ha hecho referencia a la “falta de legitimación de la acusación particular” y ha asegurado que su representado “no ha estado en Magaluf”.

Le ha seguido el abogado Carlos Patón y defensa del oficial de Policía Local de Palma Tomás Mas, que también ha solicitado la nulidad de las actuaciones por la vulneración del derecho fundamental de defensa de su representado. Asimismo, ha hecho referencia a una vulneración de la tutela judicial efectiva porque los hechos de los que se le acusan “no están concretados temporalmente”.

El último en exponer sus cuestiones previas ha sido la defensa del policía local Daniel Montesinos, que ha señalado que “no se concreta qué acción ha realizado” para estar imputado.

EXPULSIÓN DE LAS ACUSACIONES PARTICULARES

Durante su intervención, el abogado Gaspar Oliver, que representa a otros dos agentes de la Policía Local de Palma, ha pedido la expulsión de las acusaciones particulares por ser “instrumentales”.

Así, ha considerado que “se están utilizando las acusaciones para defender intereses propios” y que “representan sus intereses” y los del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.

Sobre esto, el fiscal Carrau ha manifestado que expulsar a las acusaciones particulares sería una medida “demasiado drástica”.