El Departamento de Justicia ha anunciado este viernes cargos contra empresarios rusos y británicos acusados de ayudar a un oligarca ruso, Viktor Vekselberg, a ocultar su propiedad de un yate de lujo en violación de las sanciones estadounidenses.
Vladislav Osipov, con doble nacionalidad rusa y suiza, y Richard Masters, ciudadano de Reino Unido, residente en Mallorca, se enfrentan a cargos por conspiración para defraudar a Estados Unidos y cometer delitos contra el país, violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y blanqueo de capitales, ha informado la cadena CNN.
LA INCAUTACIÓN
La incautación, llevada a cabo por el grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, es una de las medidas más recientes adoptadas por el Gobierno estadounidense para aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin y sus aliados más cercanos en relación con su invasión en Ucrania.
“Las empresas y los ejecutivos tienen una opción: pueden participar en el esfuerzo mundial para erradicar la corrupción, las violaciones de las sanciones y el blanqueo de dinero y disfrutar de los beneficios de una cooperación rápida y completa; o pueden, como supuestamente han hecho Osipov y Masters, intentar protegerse a sí mismos y a sus clientes tras un velo de fraude”, ha declarado el director del grupo de trabajo, Andrew Adams.
“Estos hombres tomaron sus decisiones y ahora se enfrentan a las consecuencias de un intento fallido de beneficiarse a través de una sofisticada empresa criminal transnacional, en lugar de enfrentarse a ella”, ha añadido.
TRANSACCIONES MILLONARIAS
Masters, que dirigía una empresa de gestión de yates en España, utilizó presuntamente un nombre falso para su yate en Estados Unidos a fin de que pasara desapercibido para las instituciones del país, lo que permitió lo que, según los fiscales, fueron “cientos de miles de dólares en transacciones” para el yate que de otro modo no se habrían permitido, según el citado diario.
El yate de Vekselberg fue incautado por las fuerzas de seguridad españolas en abril, a petición de las autoridades estadounidenses, por presunto blanqueo de capitales, violación de la legislación sobre sanciones y fraude bancario.
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