Una treintena de personas, convocadas por Stop Desnonaments Mallorca y Sindicat d’Habitatge de Palma, se han concentrado este martes ante el Juzgado por la imputación de ocho activistas por una protesta antidesahucios el pasado noviembre.
La investigación la lleva un Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Estas ocho personas afrontan una acusación por un presunto delito de atentado a la autoridad por enfrentarse a la Policía Local durante el desahucio de una familia en Palma el 2 de noviembre de 2022.
Familia Afectada
Ninguno de los ocho imputados es miembro de la familia afectada por el desahucio, sino que se trata de vecinos y activistas que habían ido a brindar apoyo.
El Sindicat d’Habitatge ha desplegado una pancarta denunciando la “represión” del Estado a la lucha antidesahucios y se han coreado lemas como “no se entiende, gente sin casa y casas sin gente”.
Un militante del Sindicat d’Habitatge ha censurado la “fuerte represión policial en contra de los manifestantes y la familia desahuciada” en noviembre, un episodio que ha considerado “un ejemplo” de casos de violencia en desahucios. “Dos compañeros tuvieron que ir al médico por lesiones y Toñi [la mujer desahuciada] tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad”, ha concluido.
Población Vulnerable
Un portavoz de Stop Desnonaments, Santi Bonillo, ha reclamado una “actitud más dialogante” a las autoridades, en especialmente en casos que afecten a población vulnerable, “por razones de humanidad”.
En la protesta de noviembre, “la actitud fue cero dialogante” y “se generó una situación que no se tendría que haber dado, si las personas hubieran actuado con más profesionalidad y tranquilidad”. “Una situación que se fue de madre”, ha lamentado Bonillo.
Por su parte, Dina Heredia, de Stop Desnonaments, ha leído un comunicado en el que se interpela a los medios de comunicación para que denuncien “que la Policía del ‘Ajuntament de la gent’ vuelve a ejecutar desahucios y usa todos los medios posibles”. La plataforma acusa “a La Caixa, a la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local y a los agentes judiciales” de “intentar engañar a Fiscalía de Menores” para sacar a la familia de la vivienda.
“Ni esta ni mil denuncias más nos pararán”, concluye el comunicado.
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