La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, acompañada del secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, y del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, han explicado este martes las principales medidas que el Govern ha puesto en marcha para proteger a las familias del alza de los precios y del impacto de la guerra de Ucrania.
Garrido ha recordado que el conjunto de medidas que conforman el llamado escudo social suponen una inversión de 200 millones de euros que llegarán al 80 por ciento de la población con políticas como el retorno del coste de las matrículas universitarias, las ayudas para las actividades extraescolares, el programa de aval hipotecario para la compra de la primera vivienda, el incremento de las deducciones autonómicas del IRPF, las becas de formación profesional o la ayuda para trabajadores que este invierno estén en paro, que se empezará a pagar el próximo 22 de febrero.
Ayudas a la Ciudadanía
Según ha recordado el Govern en una nota de prensa, muchas de estas ayudas no requieren tramitación por parte de la ciudadanía, como la ayuda a los trabajadores desempleados este invierno o la paga extraordinaria de dependencia, que beneficiará a más de 19.000 personas.
Durante la asamblea informativa, que ha tenido lugar en el Centro de Educación Especial Juan XXIII de Inca, la consellera ha destacado que se trabaja para ayudar a todas las familias a que no tenga un impacto en su día a día la subida de los precios.
Garrido ha recordado también que, desde 2016, el Govern ha invertido en Inca 12,3 millones de euros en infraestructuras educativas.
Así, se ha referido al nuevo CEIP de Inca, a la ampliación del CEIP Ponent, al CEIP Levante, al IES Berenguer de Anoia o a mejoras en otros centros.
También ha destacado la ampliación y reforma del Hospital Comarcal de Inca, actualmente en marcha, o la inversión del Govern para la reforma y rehabilitación que permitió la reapertura del Teatro Principal de Inca, así como la entrega, el verano pasado, de 54 viviendas de protección pública, que se sumarán a la promoción que se está construyendo ahora para jóvenes menores de 35 años.
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