El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una iniciativa del PP con la que pide prolongar la suspensión del decreto 933/2021, que ha sido bautizado como ‘Gran Hermano Turístico’ por establecer nuevas obligaciones de registro documental en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
Aunque el decreto emanado del Ministerio de Interior data de 2021, este ha sufrido varios aplazamientos y está previsto que entre en vigor el próximo 2 de diciembre. El término de ‘Gran Hermano’ se debe a que el texto, en algunos casos, obliga al hotel en cuestión a recabar información sensible del turista como su grado de parentesco o su código IBAN bancario.
El Grupo Popular señala en una proposición no de ley, recogida por Europa Press, que la aprobación y posible entrada en vigor del texto “supone graves inconvenientes” para la industria turística y, tal como está redactado ahora, su cumplimiento es “inviable” y supone una “gran desventaja competitiva” para el turismo español.
Por eso, exige revisarlo y readecuarlo junto a los subsectores turísticos más afectados por la normativa, considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de las empresas turísticas.
MARLASKA PROMETIÓ SUAVIZARLO
El decreto ha provocado las protestas de las agencias de viaje, hoteles y alojamientos turísticos por los posibles perjuicios que puede provocar recabar más de 40 datos de los usuarios como establece del documento legislativo.
En este escenario, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con varias asociaciones del sector y les prometió que finalmente no se exigirán más datos que aquellos que se estén recabando en la actualidad, al margen del decreto.
Esta promesa, dijo el ministro, quedará plasmada en una futura orden ministerial que Interior se ha comprometido a realizar, eso sí, después de la fecha de entrada en vigor del decreto, que es el 2 de diciembre.
QUE SE EXCLUYA DEL DECRETO A LOS VIAJES CORPORATIVOS
Al margen de las promesas del ministro, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo planteará al Congreso que del decreto queden excluidos los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento “resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector”.
Asimismo, el PP insta al Gobierno a abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como Cehat, CEAV, Acave, Fetave, UNAV o Feneval, para consensuar el desarrollo normativo mediante una orden ministerial y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector.
Con estas agencias se ha reunido el Grupo Popular este lunes para comentar la PNL, y estas han dicho que la propuesta no resuelve los problemas ni “el punto clave de las demandas del sector”.
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