La sociedad mallorquina, y con ella la española entera, vive desde hace años un proceso que muchos políticos se empeñan en maquillar con discursos suaves y apelaciones sentimentales. Hablan de “solidaridad”, de “acogida”, de “humanitarismo”, mientras miran hacia otro lado ante un fenómeno que está desbordando a nuestras instituciones, deteriorando la convivencia y poniendo en riesgo aquello que debería ser sagrado: la seguridad y el futuro de nuestros ciudadanos.
Mallorca, tierra de acogida en el mejor sentido de la palabra, está aprendiendo a la fuerza que el buenismo no es una política pública, sino un atajo para no afrontar la realidad. Y la realidad es tozuda. Las llegadas constantes de inmigración ilegal, lejos de ser gestionadas con rigor, han sido tratadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con improvisación, secretismo y una irresponsabilidad que solo puede calificarse de temeraria.
En los pueblos y barrios donde antes la tranquilidad era rutina, hoy se escucha un murmullo inquieto. No es fruto del odio, como pretenden algunos tertulianos condescendientes, sino del miedo legítimo de quienes ven cómo su entorno cambia sin explicación, sin control y sin respeto a su forma de vida. Quienes señalan estas preocupaciones son inmediatamente acusados de insensibles, cuando en realidad lo que exigen es simple sentido común.
Porque la inmigración ilegal no es un concepto abstracto. Se traduce en saturación de los servicios sociales, en un aumento de la inseguridad, en tensiones culturales que no pueden resolverse solo con eslóganes y buenas intenciones. Mientras tanto, el Gobierno insiste en repartir a estas personas por comunidades autónomas sin informar a los ciudadanos ni a sus representantes democráticos. Como si España fuera un tablero y sus habitantes, piezas mudas.
No se puede construir una sociedad cohesionada sobre la base de la improvisación ni del chantaje emocional. Y aún menos se puede esperar que la población permanezca callada cuando sus necesidades —vivienda, salarios dignos, seguridad— han pasado a un segundo plano para un ejecutivo más preocupado por mantenerse en el poder que por ejercerlo con responsabilidad.
El bipartidismo, que durante décadas se turnó cómodamente en la Moncloa, ha optado por entregar este debate a los dogmas del progresismo, temeroso de ser señalado por disentir. Pero callar no hace desaparecer los problemas; solo consigue que crezcan. VOX es el único partido que se atreve a decir lo que millones de españoles piensan: que la inmigración debe ser ordenada, legal y compatible con la defensa de nuestra identidad cultural; que las fronteras existen por una razón; que la solidaridad empieza por garantizar el bienestar de quienes sostienen este país con su trabajo y sus impuestos.
Mallorca, igual que el resto de España, merece políticas valientes. No limosnas morales ni discursos vacíos. Merece un gobierno que proteja sus fronteras, que persiga a las mafias que trafican con personas y que deje de utilizar a los inmigrantes ilegales como moneda política.
Ignorar el problema no lo hará desaparecer. Aceptarlo y afrontarlo con firmeza es el primer paso para recuperar la convivencia que siempre ha caracterizado a nuestra tierra. Y de eso, por mucho que les moleste decirlo, depende el futuro de todos.
David Gil ha colaborado en varios medios digitales. Ha sido Presidente de VOX en Baleares. En la actualidad es Portavoz adjunto de VOX en el Consell de Mallorca.
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