Debía yo tener nueve o diez años cuando me preguntaron si sabía nombrar algún derecho del que disfrutábamos los españoles en ese momento. A mí se me ocurrió contestar: pagar impuestos, lo que provocó la carcajada general.
Esta pequeña anécdota viene al caso por el proyecto de subida general de impuestos que ha enviado el gobierno a Bruselas para recibir los fondos para la recuperación de la crisis derivada del coronavirus.
Básicamente la premisa es, reforma fiscal al alza para recaudar más de cara al futuro inmediato. ¿Recaudar más para qué? Oficialmente, para reforzar el estado del bienestar, hacer frente a la factura de los ERTE, y ponernos a la altura de la media de las economías de los países de la Unión Europea. Es decir, la recuperación del país se basará en un alza impositiva general.
Vamos por partes. ¿Qué supone esto? Para empezar una pérdida del poder adquisitivo de los españoles en general, siendo un país basado en el consumo interno y derivado del turismo como motor de la economía, supone una idea descabellada, cortoplacista y dañina para la población. Los jóvenes serán los más perjudicados, hasta el punto de que mi consejo es que busquen empleo en el extranjero. La industria turística acusará el golpe, pues si convertimos a España en un destino aún más caro, es evidente que vendrán menos turistas. Desde luego no importa ser economista para verlo.
¿Qué es pues lo que pretenden al enviar esta propuesta? Recibir los ansiados fondos europeos y seguir alimentando la infraestructura pública, destruyendo el tejido productivo.
De todas formas la excusa es perfecta. Aprovechando la crisis del coronavirus, se vanaglorian de la eficacia de nuestro sistema público de salud y pretenden reforzar lo público como garantía del estado del bienestar. ¿Quién se atreve a enfrentarse a esta idea fuerza? La gente de la calle no, desde luego. Si usted quiere hospitales públicos eficientes, vacunas, pensiones dignas, no pretenderá seguir pagando lo mismo, nos dicen.
Yo me opongo a esta idea. Sin propuestas complementarias de modernización y competitividad de la economía, se nos condena a una pérdida de oportunidades para los jóvenes, pérdida de poder adquisitivo y en definitiva de calidad de vida, no solamente para las clases medias y altas, sino para la totalidad de la población en edad de trabajar. Si no saben complementar estado del bienestar y competitividad, hay que elegir entre las dos opciones. Yo elijo la segunda.
Andreu Rotger Fullana
Abogado especialista en derecho penal
Abogado mallorquín que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Su equipo de trabajo se ha especializado en derecho penal. Dirige su propio bufete en Palma de Mallorca.
Andreu Rotger: clarísima exposición sobre la actitud del Gobierno de Sánchez ante la equivocada subida de impuestos.
También elijo la segunda opción.